1 Informe Final de la Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño Periodo 2026 2027 Coordinación Senadora Mirtha Esther Vásquez Chuquilín Sesiones realizadas 21 de agosto y 18 de septiembre de 2026 Senado de la República Lima 2026 2 Resumen ejecutivo La principal conclusión de la Mesa de Trabajo es que el problema no consiste únicamente en disponer de pronósticos, normas, presupuesto o maquinaria. El desafío es convertir esas capacidades nacionales en prevención y respuesta efectiva en cada territorio. El Fenómeno El Niño se manifiesta localmente: desborda ríos, activa quebradas , interrumpe carreteras, afecta establecimientos de salud, reduce la disponibilidad de agua y compromete cultivos y medios de vida. Por ello, la preparación real depende de la articulación entre las entidades nacionales, los gobiernos regionales y locales y las organizaciones que conocen y gestionan cotidianamente el territorio. El país contó con una alerta temprana desde noviembre de 2025. Durante las dos sesiones de la Mesa se verificó que existen transferencias, planes sectoriales, equipos y medidas en ejecución. Sin embargo, también se identificó una distancia persistente entr e los recursos anunciados y la capacidad de utilizarlos oportunamente. Esa distancia se expresa en planes territoriales incompletos, almacenes regionales insuficientes, obras estructurales demoradas, puntos críticos sin atención, maquinaria paralizada, req uerimientos presupuestales pendientes y limitada trazabilidad sobre la ejecución física y financiera. INDECI y CENEPRED aportaron evidencia de una brecha de preparación subnacional. Solo seis gobiernos regionales habían culminado sus planes de gestión reactiva y apenas 488 municipalidades contaban con Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre s actualizados. INDECI recordó además que los gobiernos regionales y locales son responsables de la primera respuesta y disponen de presupuesto para ella; no obstante, la mayoría presentaba existencias insuficientes de alimentos y bienes de ayuda humanitar ia. En el Programa Presupuestal 068, los gobiernos regionales habían asignado S/ 813.4 millones, equivalentes al 1.14 % de su presupuesto institucional modificado, con una ejecución aproximada de 60.5 % al 7 de septiembre de 2026. La dificultad, por tanto, no puede explicarse exclusivamente por falta de recursos. La Contraloría situó el control gubernamental como instrumento preventivo. Sus hallazgos sobre fichas técnicas sin atención, duplicidades, expedientes deficientes e intervenciones repetitivas muestran que una parte del riesgo se produce dentro de la propia gestión pública. El control simultáneo debe permitir corregir antes de que el retraso administrativo, la mala programación o la duplicidad se conviertan en pérdida económica o daño para la población. Las organizaciones de usuarios de agua, las plataformas territoriales, los gremios productivos y las organizaciones comunitarias tampoco deben ser consideradas únicamente como fuentes de demandas. Su conocimiento de cuencas, canales, bocatomas, puntos crít icos, maquinaria, producción y vulnerabilidad social constituye una capacidad territorial para anticipar, priorizar, vigilar y colaborar en la respuesta. Este planteamiento coincide con Liliana Miranda Sara, quien sostiene que la alerta climática solo se c onvierte en acción cuando la ciencia, la decisión política y la práctica territorial interactúan en espacios estables de concertación y coproducción de conocimiento (Miranda Sara, 2026b, pp. 6 - 8). 3 El informe recomienda que las Comisiones Especiales del Senado y de la Cámara de Diputados continúen el seguimiento desde esta perspectiva: no solo controlar transferencias y metas sectoriales, sino verificar la cadena completa que va desde la alerta y el presupuesto hasta la acción territorial, la participación organizada y la protección efectiva de la población. 1. Antecedentes y alcance La Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño se instaló el 21 de agosto de 2026 con el propósito de pasar de los anuncios generales a la verificación de acciones, presupuestos, responsables y resultados en el territorio. El I nforme de la Primera Sesión constituye el antecedente documental del presente informe final. Aquella sesión permitió construir una primera línea de base sobre el escenario climático, las intervenciones sectoriales, las demandas presupuestales y los princip ales nudos de coordinación. La segunda y última sesión, realizada el 18 de septiembre de 2026, no tuvo por finalidad iniciar un informe diferente. Su propósito fue actualizar la línea de base, contrastar avances y pendientes, incorporar la perspectiva de la Contraloría y recoger nuev amente la experiencia de actores sociales y territoriales. El presente informe integra ambos momentos y la documentación complementaria recibida hasta el 30 de septiembre de 2026, incluyendo la actualización oficial del escenario emitida por el ENFEN el 28 de septiembre. La Mesa fue concebida como un puente hasta la instalación de las comisiones especiales correspondientes. En consecuencia, este documento no pretende cerrar el seguimiento. Busca entregar a dichas comisiones una interpretación de los problemas identificados , las evidencias que los sustentan y las decisiones que todavía deben adoptarse. 2. De la alerta climática a la acción territorial 2.1 Un riesgo diferenciado por territorios ENFEN y SENAMHI explicaron que el país enfrenta un escenario climático dual. En la costa norte y central, el calentamiento del mar incrementa la probabilidad de lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa. En la sierra sur y parte de la Amazonía, el déficit de precipitaciones genera riesgo de sequía, pérdida de cultivos, reducción de pastos, escasez de agua y dificultades para la navegación y el abastecimiento. Esta diferenciación es fundamental para la gestión pública. El Estado no puede preparar al país únicamente para el exceso de agua. También debe anticipar su escasez. CENEPRED estimó una exposición potencial por sequía superior a cuatro millones de personas , 1.2 millones de viviendas, 1.4 millones de hectáreas agrícolas y 11.3 millones de hectáreas de pastos. En la Amazonía, la vaciante de los ríos Ucayali y Amazonas comprometía el abastecimiento de agua y la conectividad de ciudades como Iquitos. La advertencia científica, sin embargo, no produce por sí sola reducción del riesgo. Miranda Sara plantea que las alertas deben traducirse inmediatamente en políticas locales, asignación de recursos, preparación comunitaria y decisiones sobre uso del suelo e infraestructura. La ciencia aporta escenarios; la política define prioridades y 4 recursos; y la práctica territorial muestra qué puede ejecutarse, dónde y con quiénes. Ninguno de esos conocimientos es suficiente de manera aislada (Miranda Sara, 2026b, pp. 6 - 8). 2.2 La oportunidad perdida y la ventana que permanece abierta El ENFEN comunicó la alerta de El Niño Costero desde el 18 de noviembre de 2025. El tiempo transcurrido permitía avanzar en planificación, mantenimiento, abastecimiento e intervenciones estructurales. No obstante, en la primera sesión el propio diagnóstico de la Mesa mostró que la preparación era todavía incompleta y que varias entidades esperaban transferencias, autorizaciones o decisiones del MEF. La disponibilidad de información científica y de sistemas de monitoreo constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir el riesgo. La información debe ser procesada e integrada en instrumentos operativos — escenarios de riesgo, modelamie nto, sistemas de alerta y protocolos de actuación — que permitan a las autoridades territoriales anticipar posibles impactos y adoptar decisiones. En consecuencia, la brecha entre alerta y acción comprende también la capacidad institucional para interpretar la información disponible y transformarla oportunamente en medidas de preparación y prevención. Esta cuestión adquiere especial relevancia ante la persistencia del escenario de riesgo. El Comunicado Oficial ENFEN N.° 17 - 2026, publicado el 28 de septiembre, mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero y recomienda a los tomadores de decisiones cons iderar los escenarios de riesgo actualizados, los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales para adoptar medidas de reducción del riesgo y preparación ante los peligros inminentes (ENFEN, 2026). La proximidad del periodo crítico reduce progresivamente las opciones. Una obra integral que no comenzó a tiempo difícilmente podrá ejecutarse durante las lluvias. Pero todavía existe margen para acciones de preparación: terminar intervenciones en curso, a segurar combustible y mantenimiento, abastecer almacenes, activar sistemas de alerta, organizar brigadas, proteger establecimientos esenciales, actualizar planes, preparar rutas alternas y coordinar con organizaciones territoriales. 3. La respuesta se juega en los gobiernos regionales y locales 3.1 Competencias y primera respuesta INDECI recordó que los gobiernos regionales y locales no son receptores pasivos de ayuda nacional. Dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres les corresponde organizar la respuesta en sus jurisdicciones, operar las plataformas de defens a civil, evaluar daños, movilizar recursos y atender inicialmente a la población. El Gobierno nacional interviene con asistencia técnica, bienes y capacidades complementarias, especialmente cuando la emergencia supera el nivel territorial. Esta distribución de responsabilidades es adecuada porque las primeras decisiones se adoptan en el territorio. Sin embargo, también expone la desigualdad de capacidades entre departamentos y municipios. La existencia de una partida presupuestal o de una de claratoria de emergencia no asegura que una autoridad cuente con plan, personal, información, almacenes, maquinaria operativa, logística y coordinación social. 5 La capacidad territorial tampoco puede evaluarse únicamente por la existencia formal de planes, oficinas o centros de operaciones de emergencia. Requiere personal con capacidades técnicas, continuidad de los equipos, acceso y manejo de información, herrami entas para analizar escenarios de riesgo y mecanismos que vinculen dicha información con decisiones operativas. Ferradas identifica, entre las debilidades institucionales de la gestión del riesgo, la alta rotación de funcionarios, la concentración de decis iones y recursos en el nivel central y los limitados aprendizajes derivados de experiencias previas de desastres (Ferradas, 2026). 3.2 Presupuesto asignado y capacidad de ejecución La presentación de INDECI mostró que los gobiernos regionales tenían un presupuesto institucional modificado conjunto de aproximadamente S/ 70 983 millones. De ese monto, S/ 813.4 millones estaban asignados al Programa Presupuestal 068 Reducción de Vulnera bilidad y Atención de Emergencias por Desastres, equivalente al 1.14 %. Al 7 de septiembre se había ejecutado alrededor de S/ 492 millones, es decir, 60.5 % de lo asignado. Los promedios nacionales esconden diferencias importantes. Algunos gobiernos regionales registraban niveles de ejecución superiores al 70 %, mientras otros se encontraban por debajo del 40 %. Además, el porcentaje asignado a la gestión del riesgo era reduc ido respecto del presupuesto total. El hallazgo relevante no es solo la heterogeneidad: es la ausencia de una explicación pública y comparable sobre qué resultados concretos produjo el gasto, qué bienes se adquirieron, qué capacidades se fortalecieron y qu é brechas permanecen antes del periodo crítico. Por ello, el seguimiento parlamentario debe evitar dos simplificaciones. La primera consiste en atribuir toda deficiencia a la falta de presupuesto. La segunda, en asumir que la ejecución financiera equivale automáticamente a preparación. Es necesario cone ctar el gasto con resultados físicos: almacenes abastecidos, maquinaria operativa, rutas previstas, personal entrenado, planes actualizados y población organizada. Esta constatación obliga a distinguir entre ejecución financiera y capacidad efectiva de prevención. El incremento de recursos destinados a la gestión del riesgo no produce por sí mismo reducción de vulnerabilidad si el gasto no se traduce oportunamente en intervenciones preventivas, capacidades institucionales, logística, preparación comunitaria y protección de infraestructura crítica. En esa misma línea, Ferradas advierte sobre la necesidad de evaluar la calidad del gasto y no únicamente su volumen, así c omo sobre la tendencia a concentrar recursos subnacionales en la fase reactiva (Ferradas, 2026) 3.3 Planificación y ayuda humanitaria La información de CENEPRED y de INDECI mostró dos déficits complementarios. CENEPRED señaló que solo 488 municipalidades contaban con Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres actualizados. INDECI informó que únicamente seis gobiernos region ales habían culminado sus planes de gestión reactiva. La diferencia entre ambos instrumentos no altera el diagnóstico: una proporción considerable del territorio carecía de planificación actualizada o completa. 6 INDECI proyectó 1 248 000 personas afectadas o damnificadas y recordó que los gobiernos regionales debían estar preparados para atender aproximadamente al 60 % de esa población. Sin embargo, la mayoría presentaba un stock insuficiente de alimentos. INDECI contaba con 6 261 toneladas de bienes de ayuda humanitaria y proyectaba trasladar 2 000 toneladas hacia el norte, pero esa reserva nacional no sustituye la obligación territorial de preparación. El análisis remitido por Jahir Anicama después de la segunda sesión permite precisar la magnitud de esta brecha. Mientras INDECI presentó un stock nacional de 6 261.81 toneladas de Bienes de Ayuda Humanitaria y un consolidado de 8 147.13 toneladas reportad as por los gobiernos regionales, la matriz desagregada registraba 0 kg de alimentos en crudo para cubrir la ración de emergencia de diez días en los almacenes regionales de Piura, Tumbes y La Libertad. La cifra agregada, por tanto, no revela la disponibili dad efectiva de alimentos en los territorios que afrontarían la primera respuesta (Anicama Díaz, 2026, p. 1). Este contraste obliga a diferenciar tonelaje total, tipo de bien, ubicación y tiempo real de disponibilidad. Un almacén puede registrar carpas, herramientas u otros bienes no alimentarios y, al mismo tiempo, carecer de arroz, aceite, conservas o menestras para las primeras jornadas. La brecha compromete la primera milla de la respuesta humanitaria y justifica evaluar compras corporativas de emergencia y mecanismos nacionales de apoyo logístico. La propuesta de modificar el nivel de emergencia, planteada en los comentarios recibidos, requiere una evaluación técnica específica de la PCM y de INDECI; no puede deducirse únicamente de la brecha alimentaria. La información complementaria remitida por el Ministerio de Defensa, mediante el Oficio N.° 01133 - 2026 - MINDEF/DM, de 24 de septiembre de 2026, que adjunta informes técnicos de INDECI sobre preparación y respuesta ante los efectos del Fenómeno El Niño Costero 2026 - 2027, refuerza este enfoque. La preparación no puede medirse únicamente por la disp onibilidad agregada de bienes de ayuda humanitaria: su efectividad depende de su localización, almacenamiento, disponibilidad inmediata, capacidad de distribución y articulación con los gobiernos regionales y locales responsables de la primera respuesta. E sta dimensión logística debe evaluarse territorialmente, particularmente en ámbitos susceptibles de aislamiento o interrupción de vías (Ministerio de Defensa, 2026) 4. Presupuesto nacional e intervenciones sectoriales 4.1 Recursos movilizados y decisiones pendientes El MEF informó que se había emitido normativa por aproximadamente S/ 1 991 millones para atender inundaciones, movimientos en masa y déficit hídrico. Estos recursos alcanzaban a MIDAGRI, ANA, MINDEF, MVCS, INDECI, IMARPE, ANIN, MTC y FONDEPES. También se m antenían solicitudes adicionales en evaluación. La existencia de transferencias constituye un avance respecto de la primera sesión, en la que la ausencia del MEF impedía conocer el tratamiento de las demandas sectoriales. 7 No obstante, la Mesa comprobó que subsistían necesidades sin decisión definitiva en transportes, salud y producción. El problema no se limita al monto: las entidades necesitan conocer cuándo se resolverá cada demanda y qué alternativas operativas deberán a doptar si el financiamiento no es aprobad o 4.2 Intervenciones temporales y soluciones permanentes La ANA, el MVCS, el MTC y la ANIN informaron sobre descolmataciones, maquinaria, puentes modulares, barreras dinámicas y proyectos integrales. Estas intervenciones cumplen funciones diferentes. Las primeras buscan reducir el riesgo inmediato; los proyectos integrales pretenden modificar las condiciones que producen daños recurrentes. Confundir ambos niveles puede llevar a presentar como solución definitiva una acción temporal que deberá repetirse después de cada temporada. La ANIN explicó en la primera sesión que había recibido 194 proyectos de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y que solo 50 habían culminado. También señaló restricciones fiscales que podían dilatar excesivamente la ejecución de solucion es integrales. En la segunda sesión, la Contraloría cuestionó la repetición de gastos en descolmataciones que las nuevas avenidas vuelven a llenar y llamó a priorizar infraestructura permanente. La experiencia de Piura reforzó ese argumento: la Coordinador a Ciudadana señaló que, después de cuantiosos recursos destinados a intervenciones reiteradas, la vulnerabilidad estructural del río y la ciudad permanecía 4.3 Sectores esenciales y medios de vida En transportes, Provías Nacional recibió S/ 199.3 millones y priorizó mantenimiento, maquinaria y puentes modulares. Provías Descentralizado informó que había atendido 552 emergencias con combustible transferido, pero requería recursos para sostener la ate nción y para instalar puentes. La brecha evidencia una relación directa entre el nivel nacional y las redes subnacionales: una ruta puede disponer de estructura modular, pero no recuperar transitabilidad si falta instalación, acceso, combustible o coordinación local. La información presentada se concentró en la Red Vial Nacional no concesionada y en las redes subnacionales. No se expuso, en cambio, el estado de los planes de contingencia de las empresas concesionarias de la Red Vial Nacional ni las acciones de supervis ión de Ositrán . Esta omisión deja sin evaluación una parte relevante de los corredores estratégicos y exige incorporar al organismo supervisor en el seguimiento parlamentario (Anicama Díaz, 2026, p. 2) En salud, el MINSA identificó 4 844 establecimientos en peligro inminente, 98 % de ellos del primer nivel. Priorizó S/ 1 450 millones de su presupuesto institucional para 2026 y 2027 y solicitó recursos para 244 Puestos Médicos de Avanzada. La vulnerabilid ad del primer nivel es especialmente grave porque allí se concentra la atención inicial de dengue, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, malaria y leptospirosis. La continuidad de los servicios depende de agua, energía, acceso vial, medicamen tos, cadena de frío y personal, no solo de infraestructura sanitaria. En producción y pesca, se reportó una contracción severa del desembarque y del PBI pesquero, pérdida de empleos y necesidad de crédito para pescadores artesanales. En 8 agricultura, las organizaciones advirtieron riesgos sobre cultivos, ganadería, jornales e ingresos. El Fenómeno El Niño no es únicamente un problema de infraestructura pública: puede alterar oferta de alimentos, precios, empleo y seguridad alimentaria. PRODUCE planteó el uso de bonito y pota como alternativas proteicas y señaló la posibilidad de seguros paramétricos para enfrentar pérdidas. Los comentarios técnicos recibidos advierten dos asuntos que deben aclararse: la sostenibilidad biológica y tempora l de una mayor extracción de especies sustitutas, y la ausencia de metas, parámetros de activación y responsabilidades técnico - científicas claramente definidas para los seguros. La participación de IMARPE y SANIPES resulta necesaria para sustentar los indi cadores que activarían coberturas, mientras la SBS debe precisar el marco de supervisión aplicable (Anicama Díaz, 2026, p. 2). MIDIS presentó medidas de protección social adaptativa para mantener prestaciones, adelantar subvenciones y adaptar servicios de alimentación y cuidado. Estas medidas requieren articulación con gobiernos locales y redes comunitarias, porque son estas las q ue identifican a la población, habilitan espacios seguros y sostienen comedores, ollas comunes y otros servicios durante una emergencia. No obstante, la presentación del MIDIS no desarrolló un protocolo específico para emergencias por sequía y déficit hídrico, pese a que el Decreto Supremo N.° 116 - 2026 - PCM comprendía 607 distritos de 16 departamentos. Esta ausencia es especialmente relevante para la sierra sur, donde la pérdida de agua, cultivos, pastos e ingresos puede incrementar la demanda de prestaciones sociales sin producir necesariamente un desastre súbito. La protección social adaptativa requiere reglas explícitas de activación para adelanto de transferencias, continuidad alimentaria y ampliación temporal de cobertura en escenarios de sequía (Anicama Díaz, 2026, pp. 1 - 2) 5. El control gubernamental como prevención La intervención de la Contraloría General de la República aportó una dimensión que no puede reducirse al número de informes emitidos. Su planteamiento central fue que el control simultáneo debe acompañar la gestión sin paralizarla y advertir situaciones ad versas con tiempo suficiente para corregirlas. Frente a un evento cuya ocurrencia ha sido anticipada, corregir antes del daño constituye una forma de prevención. Durante 2026, la Contraloría había emitido 2 694 informes de control relacionados con emergencias climáticas, 2 672 de ellos vinculados con lluvias. En un operativo nacional previo se revisaron 1 546 fichas técnicas y se encontró que en 893 no se había ado ptado ninguna acción. La cifra revela que la producción de diagnósticos o fichas no garantiza su atención: entre la identificación del riesgo y la intervención existe una cadena administrativa que puede interrumpirse por falta de financiamiento, expediente s incompletos, duplicidad, ausencia de responsable o demora en decisiones. La Contraloría informó también casos de duplicidad de fichas técnicas y perjuicios vinculados con expedientes de protección. Estos hallazgos muestran que la urgencia no elimina la necesidad de integridad y calidad técnica. Por el contrario, la contratación acelerada y la multiplicación de intervenciones elevan el riesgo de gasto ineficiente, duplicado o sin sostenibilidad. 9 El informe considera que la Contraloría debe concentrar el control concurrente en tres objetos: la preparación de gobiernos regionales y locales; la trazabilidad de las transferencias y demandas adicionales; y la relación entre medidas temporales y solucio nes permanentes. El resultado esperado no es únicamente determinar responsabilidades posteriores, sino inducir correcciones antes de la temporada de mayor impacto. 6. Organizaciones territoriales y conocimiento para la acción 6.1 Las organizaciones de usuarios de agua La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú informó que, de más de 1 700 puntos críticos agrícolas identificados, aproximadamente 600 serían atendidos. También señaló problemas en intervenciones de ANIN y ANA en cuencas como Casma y Ch icama y la existencia de 79 máquinas amarillas paralizadas en el ámbito de Lima y Huaral por falta de mantenimiento o combustible. Asimismo, alertó sobre efectos productivos ya observables, como la reducción de la floración del mango. Estos aportes no deben leerse solamente como una relación de reclamos. Las organizaciones de usuarios administran infraestructura menor, distribuyen agua, conocen bocatomas, canales y tramos vulnerables, y mantienen presencia cotidiana en las cuencas. Pued en contribuir a validar puntos críticos, vigilar intervenciones, comunicar alertas, identificar daños y organizar respuestas productivas. Su información permite contrastar las cifras nacionales con la operatividad real en el territorio. La Mesa considera que estas organizaciones deben incorporarse a la preparación territorial a través de mecanismos claros de coordinación con ANA, MIDAGRI, gobiernos regionales y municipalidades. Esto no implica transferirles obligaciones estatales, sino re conocer y aprovechar capacidades sociales existentes 6.2 Ciudades, laderas y organizaciones comunitarias CENCA llamó la atención sobre cerca de 276 000 viviendas ubicadas en laderas de Lima, donde viviría aproximadamente un millón de personas sobre pircas inestables y con limitaciones de saneamiento. Propuso núcleos ejecutores comunitarios para canalización, reforzamiento de pircas y desquinche. La propuesta plantea una discusión relevante: determinadas intervenciones de pequeña escala pueden realizarse con participación organizada, asistencia técnica y control, acelerando la reducción de riesgos sin sustituir las obras estructurales. Resucita Perú propuso utilizar telefonía celular para alertas tempranas, facilitar el EDAN digital y articular escuelas y docentes como centros comunitarios de preparación. Las ollas comunes y comedores populares, por su parte, constituyen redes de protecc ión alimentaria que pueden sostener a población vulnerable cuando se interrumpen ingresos, transporte o mercados. Estas capacidades existen antes de la emergencia y deben integrarse en los planes locales 6.3 Ciencia, política y práctica territorial Liliana Miranda Sara plantea que las respuestas eficaces requieren espacios permanentes donde interactúen la evidencia científica, las decisiones políticas y los 10 conocimientos de quienes actúan en el territorio. Ningún actor posee por sí solo el conocimiento completo. La coproducción permite diseñar soluciones adaptadas, construir confianza y transformar información climática en decisiones implementables (Miranda S ara, 2026b, pp. 6 - 8). Este enfoque da sentido a la Mesa de Trabajo. ENFEN y SENAMHI aportaron escenarios; los sectores expusieron capacidades y restricciones; INDECI y CENEPRED mostraron brechas territoriales; la Contraloría identificó riesgos de gestión; y las organizaciones s ociales describieron lo que ocurre en cuencas, laderas, actividades productivas y redes comunitarias. La riqueza del proceso no está en sumar exposiciones, sino en relacionarlas para orientar decisione s 7. Hallazgos integrados 1. La principal brecha está entre la alerta y la acción territorial. El país dispone de información científica y recursos, pero estos no siempre se convierten oportunamente en capacidad local de prevención y respuesta. 2. Los gobiernos regionales y locales tienen competencias y presupuesto, pero presentan capacidades desiguales. La insuficiencia de planes, almacenes, mantenimiento, personal y articulación limita el valor real de los recursos asignados. 3. La ejecución financiera no demuestra por sí sola preparación. Debe vincularse con resultados verificables sobre bienes, servicios, infraestructura, logística y organización territorial. 4. Las medidas temporales son necesarias, pero no sustituyen soluciones estructurales. La repetición de descolmataciones y acciones de emergencia sin intervenciones integrales perpetúa gasto y vulnerabilidad. 5. El control gubernamental puede prevenir daños si advierte y corrige oportunamente fichas desatendidas, duplicidades, deficiencias técnicas y retrasos. 6. Las organizaciones de usuarios de agua y otras organizaciones territoriales poseen información, redes y capacidades operativas que deben incorporarse en la planificación, vigilancia y respuesta. 7. El riesgo climático es socialmente desigual. Agricultura familiar, pesca artesanal, asentamientos en laderas, población amazónica y hogares dependientes de redes alimentarias comunitarias enfrentan mayores impactos y menores capacidades de recuperación 8. La preparación debe atender simultáneamente inundaciones y sequía. Una política concentrada solo en la costa norte dejaría sin respuesta la seguridad hídrica, productiva y alimentaria de la sierra sur y la Amazonía. 9. La información pública continúa fragmentada. No existe una plataforma única que permita seguir riesgo, intervención, presupuesto, avance, responsable, plazo y evidencia territorial. 10. Las cifras agregadas de bienes de ayuda humanitaria pueden ocultar desabastecimientos críticos por tipo de bien y departamento. Piura, Tumbes y La 11 Libertad registraban 0 kg de alimentos en crudo para la ración regional de emergencia de diez días. 11. Persisten vacíos sectoriales que requieren fiscalización específica: protocolo social frente a sequía, parámetros técnico - científicos para seguros pesqueros y planes de contingencia de las carreteras concesionadas 8 Conclusiones 1. El Fenómeno El Niño pone a prueba la gobernanza del Estado más que la disponibilidad aislada de recursos. La respuesta depende de que distintos niveles de gobierno y actores territoriales actúen como un sistema. 2. Las entidades nacionales han movilizado recursos, equipos y medidas relevantes, pero persisten decisiones pendientes y dificultades para verificar su traducción en resultados territoriales antes del periodo crítico. 3. La limitada preparación de gobiernos regionales y locales constituye el mayor riesgo operativo. Si el primer nivel de respuesta falla, las capacidades nacionales pueden resultar insuficientes frente a emergencias simultáneas. 4. La Contraloría debe continuar acompañando la gestión mediante control concurrente orientado a correcciones, transparencia y prevención de gasto ineficiente. 5. Las organizaciones sociales, productivas y de usuarios de agua son actores de gobernanza territorial. Su participación mejora la información, la legitimidad de las prioridades y la capacidad de actuar. 6. La culminación de la Mesa exige transferir a las comisiones especiales no solo documentación y matrices, sino el enfoque construido: conectar alerta, presupuesto, capacidad territorial, participación y control. 9. Recomendaciones 9.1 Para las comisiones especiales del Senado y de la Cámara de Diputados Continuar el seguimiento sobre la cadena completa de respuesta: alerta, decisión presupuestal, transferencia, ejecución, capacidad territorial y resultado verificable. Solicitar reportes periódicos diferenciados por departamento, provincia, cuenca y punto crítico, evitando limitar el control a cifras nacionales agregadas. Convocar conjuntamente a PCM, MEF, INDECI, CENEPRED, gobiernos regionales y asociaciones municipalistas para revisar capacidades subnacionales, PP 068, planes y bienes de ayuda humanitaria. Incorporar a organizaciones de usuarios de agua y plataformas territoriales en las sesiones de seguimiento de cuencas e infraestructura hídrica. 9.2 Para la PCM y las entidades del SINAGERD Consolidar y publicar una plataforma de seguimiento que relacione riesgo, intervención, presupuesto, avance físico y financiero, responsable, plazo y fuente de verificación. 12 Establecer asistencia técnica intensiva para gobiernos regionales y municipalidades sin planes actualizados, priorizando territorios de muy alto riesgo. En territorios de alta exposición, particularmente en la costa norte, verificar no solo la existencia de infraestructura de monitoreo y centros de operaciones de emergencia, sino su operatividad efectiva: integración de información meteorológica e hidrológ ica, herramientas de modelamiento, protocolos de alerta, personal capacitado y capacidad para convertir dicha información en decisiones preventivas. Verificar el abastecimiento de almacenes, la operatividad de maquinaria, las rutas de distribución y los mecanismos de coordinación antes de la temporada crítica. Diferenciar en los reportes de bienes de ayuda humanitaria el tipo de bien, su ubicación, cobertura poblacional y días de autonomía, evitando que los consolidados nacionales oculten brechas alimentarias regionales. Evaluar compras corporativas de emergencia o mecanismos nacionales equivalentes para cubrir de inmediato la brecha de alimentos en los almacenes de Piura, Tumbes y La Libertad, sin relevar a los gobiernos regionales de sus obligaciones Activar las plataformas de defensa civil y otros espacios de concertación con participación de organizaciones comunitarias, productivas y de usuarios de agu a 9.3 Para el MEF y los sectores Resolver con plazo cierto las demandas adicionales pendientes y comunicar medidas alternativas cuando no proceda el financiamiento solicitado. Vincular las transferencias con hitos físicos y territoriales verificables, sin confundir ejecución presupuestal con cumplimiento de resultados. Diferenciar claramente las intervenciones temporales de las soluciones permanentes y asegurar continuidad presupuestal para proyectos integrales. Priorizar continuidad de servicios esenciales, protección de medios de vida, seguridad alimentaria y respuesta frente a sequía e inundaciones. Disponer que MIDIS incorpore reglas específicas de activación de prestaciones monetarias y alimentarias frente a sequía y déficit hídrico, con criterios de cobertura y duración. Solicitar a PRODUCE, IMARPE, SANIPES y SBS la definición de parámetros, evidencia científica, metas y responsabilidades para los seguros paramétricos y las medidas de sustitución proteica. Convocar al MTC, Ositrán y concesionarios viales para presentar los planes de contingencia, recursos y mecanismos de supervisión aplicables a las carreteras concesionadas 9.4 Para la Contraloría 13 Priorizar control concurrente sobre preparación subnacional, PP 068, bienes de ayuda humanitaria, intervenciones en puntos críticos y proyectos estructurales. Publicar el estado de las situaciones adversas comunicadas y las medidas correctivas adoptadas por las entidades. Identificar patrones de reiteración, duplicidad o gasto temporal que demanden decisiones estructurales y no solo correcciones caso por cas 10 Transferencia y continuidad del seguimiento El informe final, el Informe de la Primera Sesión, las relatorías, presentaciones institucionales, documentos recibidos y registros de la segunda sesión deberán remitirse a las Comisiones Especiales del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a las en tidades y organizaciones participantes. La documentación debe conservar su trazabilidad, señalando qué información corresponde a exposiciones, documentos oficiales, control gubernamental o aportes de la sociedad civil. La transferencia debe incluir una relación de asuntos pendientes: demandas presupuestales sin decisión, gobiernos subnacionales con brechas de planificación y ayuda humanitaria, puntos críticos sin atención, proyectos estructurales demorados, establecimien tos de salud vulnerables y mecanismos de participación territorial aún no activados. La finalidad es impedir que el cierre de la Mesa produzca una interrupción del control parlamentario Referencias Anicama Díaz, J. (2026). Comentarios generales de la reunión N.° 2 de la Mesa Parlamentaria de Seguimiento ante el Fenómeno El Niño 2026 - 2027. Documento de trabajo técnico de fiscalización parlamentaria. Contraloría General de la República. (2026). Intervención en la segunda sesión de la Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño, 18 de septiembre de 2026. Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - ENFEN. (2026). Comunicado Oficial ENFEN N.° 17 - 2026, 28 de septiembre de 2026. Ferradas, P. (2026). Fenómeno El Niño: qué nos espera [Presentación]. Instituto Nacional de Defensa Civil. (2026). Acciones frente al Fenómeno El Niño 2026 - 2027 [Presentación ante la Mesa de Trabajo, 18 de septiembre de 2026]. Ministerio de Defensa. (2026). Oficio N.° 01133 - 2026 - MINDEF/DM: Remisión de información sobre la preparación y respuesta ante los efectos del Fenómeno El Niño Costero 2026 - 2027, 24 de septiembre de 2026. Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño. (2026a). Informe de la Primera Sesión, 21 de agosto de 2026. 14 Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño. (2026b). Relatoría de intervenciones y acta de la primera reunión, 21 de agosto de 2026. Mesa de Trabajo de Seguimiento a las Acciones frente al Fenómeno El Niño. (2026c). Registro y sistematización de la segunda sesión, 18 de septiembre de 2026. Miranda Sara, L. (2026a). Desastres, crisis climática y economía: el imperativo urgente de la alerta temprana, preparación y prevención. Foro Ciudades para la Vida. Miranda Sara, L. (2026b). El desafío de transformar la alerta climática en acción concertada y participativa frente a El Niño en cada territorio y en cada ciudad. Foro Ciudades para la Vida 15 Anexo Matriz mínima para la continuidad Dimensión Pregunta de seguimiento Evidencia requerida Riesgo territorial ¿Qué amenaza, población, servicio o medio de vida está expuesto? Escenario y ubicación geo- rreferenciada. Responsabilidad ¿Qué nivel de gobierno y unidad deben actuar Norma, plan y responsable designado. Presupuesto ¿Qué monto fue asignado, transferido y ejecutado? PIM, certificación, deven- gado y finalidad. Capacidad ¿Existen personal, maquina- ria, bienes, almacenes y lo- gística? Inventario operativo y prueba de disponibilidad. Participación ¿Qué organizaciones territo- riales intervienen? Actas, acuerdos y mecanis- mos de coordinación Control ¿Qué riesgos advirtió la Con- traloría y cómo se corrigie- ron? Informe de control y medida correctiva Resultado ¿Qué cambió efectivamente en el territorio? Meta física, plazo y fuente de verificación.