1 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL Magistrado Ponente: HÉCTOR ANDRÉS CHARRY RUBIANO Radicación: 41001 - 31 - 10 - 003 - 2026 - 00459 - 01 Accionante: Las Ceibas S.A. E.S.P. Accionado s : Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial del Huila Vinculado: Consorcio Optimización C4 Proceso: Tutela segunda instancia Neiva, veintitrés ( 23 ) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Acta No. 126 ASUNTO Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante frente a la sentencia del 11 de septiembre de 2026, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Neiva (H), en el asunto de la referencia, para lo cual se profiere la siguiente SENTENCIA ANTECEDENTES 1. - Las Ceibas S.A. E.S.P. promovió acción de tutela contra el Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial del Huila solicitando dejar sin efectos el Auto No. 843 del 26 de agosto de 2026, que negó las pruebas testimoniales solicitadas, y el Auto No. 0868 del 1° de septiembre de 2026, que cerró la etapa probatoria, para que se decreten los testimonios dentro del procedimiento administrativo sancionatorio No. 11EE2023744100100004601. 2. - Expuso que, tras el accidente laboral donde perdió la vida Edwin Mairon Rodney Andrade Quigua zu ocurrido el 27 de septiembre de 2023 en ejecución de un contrato relacionado con el CONSORCIO OPTIMIZACIÓN C4, fue vinculada al procedimiento administrativo en marzo de 2026 y posteriormente se formularon cargos. Indicó que solicitó nueve testimonios en sus descargos, pero estos fueron negados mediante Auto No. 843 al estimarse innecesarios frente a otros elementos de prueba. Alegó que las declaraciones utilizadas por la administración fueron recaudadas en 2023 sin su participación ni posibilidad de cont radicción y que, pese a ello, el procedimiento continuó hasta la etapa de alegatos. 3. - Notificado, el Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Huila solicitó negar el amparo al sostener que la accionante fue vinculada al procedimiento, presentó descargos, aportó pruebas y obtuvo una decisión motivada sobre sus solicitudes. Señaló que corrigió irregularidades mediante Auto No. 785 de 2026, estudió nuevamente las pruebas y negó algunos testimonios por considerarlos innecesarios conforme a los artíc ulos 41 y 47 de la Ley 1437 de 2011. Añadió que la tutela es improcedente frente a actos de trámite y que el derecho a la prueba , no implica el decreto automático de todos los medios solicitados. Tutela segunda instancia Las Ceibas S.A. E.S.P. vs. Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial del Huila 41001 - 31 - 10 - 003 - 2026 - 00459 - 01 2 4. - Mediante sentencia del 11 de septiembre de 2026, el Juz gado negó la tutela al considerar que la autoridad administrativa resolvió expresamente las solicitudes probatorias y expuso razones para negar los testimonios. Con fundamento en las sentencias C - 305 de 2022 y T - 279 de 2023, concluyó que la accionante ejer ció su derecho de defensa, pudo solicitar pruebas y obtuvo una respuesta motivada, sin evidenciarse una actuación arbitraria o desproporcionada que vulnere sus derechos fundamentales 5. - Inconforme, la accionante impugnó la decisión argumentando que el f allo omitió resolver el problema central relacionado con la imposibilidad de controvertir las declaraciones incorporadas al expediente y desconoció los artículos 222 y 262 del Código General del Proceso sobre ratificación de testimonios y documentos declar ativos. Sostuvo que la sentencia confundió la existencia de motivación con su suficiencia, ignoró precedentes constitucionales relevantes, interpretó erradamente el artículo 40 del CPACA y redujo el derecho a la prueba al simple derecho de solicitarla, por lo que pidió revocar la decisión, amparar sus derechos y ordenar la práctica de los testimonios negados. CONSIDERACIONES 6. - La Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral es competente para resolver la impugnación, en su condición de superior funcional del juzgado que conoció en primera instancia, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. 7. - El problema jurídico corresponde determinar sí, el Ministerio del Trabajo - Dirección Territori al Huila vulneró los derechos fundamentales de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P. al negar la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas en los descargos, pese a que algunas de ellas correspond en a declaraciones recaudadas durante la averiguación preliminar, antes de la formulación de cargos y de la vinculación de la investigada, y si tal decisión desconoc e la posibilidad efectiva de controvertir las pruebas que eventualmente pueden servir de fundamento para la decisión sancionatoria. 8. - La tesis de la Sala será revocar la sentencia impugnada y amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de la accionante. 9. - El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo p referente y sumario para la protección de derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados, con carácter subsidiario y residual. En el asunto bajo examen, la controversia gira en torno a una decisión probatoria adoptada dentro de un procedimi ento administrativo sancionatorio ; s obre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia T - 070 de 2026, recordó que «los actos administrativos particulares se pueden clasificar en: los que impulsan las actuaciones previas a definir una situación jurídica (preparatorios o de trámite); los que se caracterizan por poner fin o decidir el fondo de un asunto (definitivos); y los que materializan una situación jurídica que se consolidó en otro acto administrativo o providencia judicial (de ejecución)» , i gualmente precisó que ante la ausencia de mecanismos de control judicial autónomo contra actos de trámite, la tutela procede excepcionalmente cuando «(i) la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el acto defina u na situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza de un derecho fundamental» 10. - En el caso concreto se encuentran satisfechos los presupuestos excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra el acto de trámite cuestionado. En efecto, está acreditado que mediante Auto No. 0868 del 1 de septiembre de 2026 la autoridad acciona da dispuso « el traslado para alegatos de conclusión por tres días hábiles, una vez agotada la etapa probatoria» , sin que se hubiere proferido aún la decisión definitiva dentro del procedimiento sancionatorio ; a simismo, el Auto No. 843 define una situación sustancial con incidencia directa en el acto de sanción , que eventualmente se profiera, pues determina el material probatorio que servirá de fundamento para establecer o descartar responsabilidad ; y fi nalmente, la decisión es susceptible de ocasionar la vu lneración de derechos fundamentales, en tanto la negativa de las pruebas solicitadas impide a l investigad o ejercer Tutela segunda instancia Las Ceibas S.A. E.S.P. vs. Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial del Huila 41001 - 31 - 10 - 003 - 2026 - 00459 - 01 3 plenamente los derechos de defensa y contradicción respecto de declaraciones recaudadas en la etapa de averiguación preliminar, antes de la f ormulación de cargos y de su vinculación al procedimiento. De esta manera, el asunto se enmarca en los supuestos identificados por la Corte Constitucional en la Sentencia T - 070 de 2026 para habilitar excepcionalmente el control constitucional de los actos administrativos de trámite, m áxime cuando el artículo 40 del C.P.A.C.A. establece expresamente que « [e] l interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo» , decisión que no es susceptible de recursos. 11. - En materia probatoria, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la facultad de la administración para rechazar pruebas no es absoluta. En efecto, los artículos 47 y 48 del C.P.A.C.A. perm iten negar de manera motivada las pruebas inconducentes, impertinentes o superfluas , sin embargo, dicha potestad encuentra límite en los derechos fundamentales de defensa y contradicción. Así lo explicó la Corte Constitucional en la s entencia T - 393 de 1994 al señalar que « [l] a negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas», advirtiendo además que « la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente pues debe tene rse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso. El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra dentro de un proce so disciplinario, constituye un derecho constitucional fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el investigad or debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, optar por la admisión de la prueba ». 12. - En la misma línea, la s entencia C - 1270 de 2000 recordó que el derecho a la prueba comprende no solo solicitar y aportar pruebas, sino también «ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra» y «iv) el derecho a la regularidad de la prueba», garantías mínimas que el legislador debe asegurar en toda actuación judicial o administrativa. Por su parte, la Sentencia C - 034 de 2014 r eiteró que el debido proceso administrativo incorpora la posibilidad de « aportar y controvertir las pruebas », destacando que la discusión probatoria constituye una herramienta indispensable para que las decisiones se adopten sobre bases fácticas plausibles y ajustadas al principio de legalidad. 13 - Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que el procedimiento administrativo tuvo origen en el accidente laboral ocurrido el 27 de septiembre de 2023, en el que perdió la vida el señor Edwin Mairo n Rodney Andrade Quiguazu, circunstancia que dio lugar al inicio de la averiguación preliminar mediante Auto No. 1466 del 30 de octubre de 2023. Posteriormente, solo hasta el Auto No. 637 del 10 de junio de 2026 se formularon cargos contra LAS CEIBAS, mome nto a partir del cual la entidad adquirió formalmente la condición de investigada y pudo ejercer plenamente su derecho de defensa. Dentro de los descargos solicitó los testimonios de Fredy Perdomo Cuellar, Brandon Smith Castillo Perdomo y Asdrúval Mejía Ar tunduaga, trabajadores que presenciaron directamente el accidente y cuyas declaraciones resultan pertinentes para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos; conducentes por tratarse de testimonios directos de quienes observaron el siniestro; y útiles para establecer si las medidas de seguridad, capacitaciones y elementos de protección personal se aplicaban efectivamente en la ejecución de la obra. No obstante, el Ministerio del Trabajo negó su práctica argumentando que sus declaraci ones ya reposaban en los folios 20, 21 y 22 del expediente, obtenidas durante la etapa preliminar. 14 - Sobre estos testimonios se advierte que tal justificación resulta insuficiente, pues precisamente esas declaraciones fueron recaudadas antes de la form ulación del pliego de cargos y la vinculación de Las Ceibas al procedimiento, razón por la cual la investigada nunca tuvo oportunidad de formular preguntas, solicitar aclaraciones o ejercer contradicción sobre ellas ; en consecuencia, la petición de recibir nuevamente a dichos declarantes no pretend e reproducir una prueba ya « debatida » , sino garantizar el ejercicio efectivo del contradictorio frente a elementos que eventualmente podrían servir de sustento a la decisión sancionatoria, y es la posibilidad de c ontradecir la prueba conforme lo Tutela segunda instancia Las Ceibas S.A. E.S.P. vs. Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial del Huila 41001 - 31 - 10 - 003 - 2026 - 00459 - 01 4 dispone el artículo 40 del CPACA, « [e] l interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo», por lo que argumentació n para negarla desconoce la posibilidad de contradicción de la prueba aportada 15 - Igual protección merece la solicitud de los testimonios de Martha Liliana Gutiérrez Villanueva, Carlos Javier Losada Tafur y Mario Alberto Peña, quienes participaron en la investigación del accidente laboral y en la elaboración del informe incorporado al expediente administrativo. Si bien la autoridad consideró que dicho documento resultaba suficiente para acreditar los hechos y circunstancias del siniestro, la Sala advie rte que la prueba documental no excluye la posibilidad de que las partes soliciten la comparecencia de quienes intervinieron en su elaboración cuando su declaración persigue esclarecer aspectos relevantes para el ejercicio de la defensa ; en efecto, la acci onante justificó la pertinencia de tales testimonios en la necesidad de profundizar sobre las capacitaciones impartidas, la implementación de protocolos de seguridad, la existencia del programa de gestión para trabajo en espacios confinados y las conclusio nes alcanzadas durante la investigación, asuntos estrechamente relacionados con los cargos formulados y con la defensa propuesta por LAS CEIBAS; adicionalmente, aunque la investigación del accidente constituye un documento susceptible de contradicción dent ro de la actuación administrativa, ello no impide la práctica de declaraciones dirigidas a esclarecer, complementar o contextualizar los hechos y conclusiones allí consignados, especialmente cuando tales aspectos son relevantes para determinar el alcance d e las obligaciones atribuidas a la investigada. En este caso, la solicitud testimonial no estaba orientada únicamente a reiterar el contenido literal del informe, sino a permitir que la autoridad y la parte investigada profundizaran sobre las circunstancia s técnicas y operativas que rodearon el accidente, la implementación de medidas de seguridad y la verificación de las obligaciones en materia de SST. Por ello, la Sala considera que la negativa fundada exclusivamente en la existencia previa del informe res ulta insuficiente frente al estándar constitucional de protección del derecho de defensa y contradicción. 16. - D istinta situación se presenta respecto de Claudio César Mejía Gutiérrez y Marco Julio Rubiano Salazar, pues los hechos que se pretendían acreditar con ello son, sí la entidad ejercía vigilancia, seguimiento o control contractual en la ejecución de la obra, situación que documentada con el contrato de obra No. 230 de 2023, el contrato de interventoría No. 245 de 2023 y sus respectivos inform es de ejecución y liquidación. En consecuencia, respecto de estos declarantes la autoridad expuso razones objetivas asociadas a la utilidad y necesidad de la prueba, sin que se advierta una restricción irrazonable del derecho de defensa 1 7 - Por ello, la vulneración del debido proceso se configura únicamente frente a los testimonios de Fredy Perdomo Cuellar, Brandon Smith Castillo Perdomo, Asdrúval Mejía Artunduaga, Martha Liliana Gutiérrez Villanueva, Carlos Javier Losada Tafur y Mario Albert o Peña , cuya negativa desconoció el derecho de contradicción reconocido en los artículos 29 de la Constitución Política, 40 y 47 del C.P.A.C.A. y en la jurisprudencia constitucional previamente citada. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, “ Administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley ”, RESUELVE PRIMERO: Revocar la sentencia de tutela impugnada , para en su lugar amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción probatoria de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva S.A. E.S.P., vulnerados por el Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Huila dentro del procedimiento administrat ivo sancionatorio radicado No. 11EE2023744100100004601. SEGUNDO: Dejar sin efectos parcialmente el artículo tercero del Auto No. 843 del 26 de agosto de 2026, únicamente en cuanto negó la práctica de los testimonios de Fredy Perdomo Cuellar, Tutela segunda instancia Las Ceibas S.A. E.S.P. vs. Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial del Huila 41001 - 31 - 10 - 003 - 2026 - 00459 - 01 5 Brandon Smit h Castillo Perdomo, Asdrúval Mejía Artunduaga, Martha Liliana Gutiérrez Villanueva, Carlos Javier Losada Tafur y Mario Alberto Peña ; en consecuencia, ordenar al Director Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo que, dentro de las cuarenta y ocho (4 8) horas siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo auto mediante el cual decrete los testimonios de las personas señaladas, garantizando a la investigada el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción, incluida la posibilidad de formular preguntas , solicitar aclaraciones y controvertir las declaraciones dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. A su ve z, se deja sin efecto el auto 868 de 1° de septiembre de 2026 que culminó la etapa probatoria y dio traslado a los alegatos de conclusión, pues se encuentra pendiente el recaudo de la prueba testimonial. TERCERO: Negar el amparo respecto de las demás pr uebas testimoniales solicitadas por la accionante , las Ceibas S.A. E.S.P. CUARTO : N otificar a las partes el contenido del presente fallo por el medio más expedito. QUINTO : Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez ejecutoriada la presente decisión. HÉCTOR ANDRÉS CHARRY RUBIANO ENASHEILLA POLANÍA GÓMEZ EDGAR ROBLES RAMÍREZ ( En uso de permiso ) Firmado Por: Hector Andres Charry Rubiano Magistrado Sala Despacho 004 Civil Familia Laboral Tribunal Superior De Neiva - Huila Enasheilla Polania Gomez Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala Civil Familia Laboral Tribunal Superior De Neiva - Huila Este documento fue generado con firma electró nica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 8f856ba4ed0d401744795ea7e3aae12326f9a2d46326538f0b458acf3051c9e6 Documento generado en 23/10/2026 03:52:27 PM Des cargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica